Fraude Fiscal

El fraude fiscal, en el ámbito inmobiliario español, se configura como toda acción u omisión dolosa que tiene por objeto reducir o eliminar ilícitamente la carga tributaria derivada de una operación con bienes inmuebles, ya sea mediante la ocultación de la base imponible, la simulación de negocios jurídicos o la utilización de estructuras societarias o patrimoniales con la única finalidad de eludir el pago de impuestos. Esta conducta se encuentra tipificada y sancionada en la Ley General Tributaria y en el Código Penal cuando la cuantía defraudada supera determinados umbrales, y su comisión puede acarrear consecuencias que van desde sanciones económicas hasta penas privativas de libertad, además de la obligación de regularizar la situación tributaria con intereses de demora. Para propietarios, compradores, inversores y herederos, el conocimiento de los límites entre la planificación fiscal lícita y el fraude resulta esencial, porque las operaciones inmobiliarias suelen implicar elevados importes y múltiples tributos.

En una compraventa, por ejemplo, la declaración de un precio inferior al real a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o del IVA constituye una de las formas más habituales de fraude; en una herencia, la omisión de bienes inmuebles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o la valoración deliberadamente baja pueden dar lugar a inspecciones y recargos. También en arrendamientos, con la ocultación de rentas efectivas, en operaciones de permuta, en la transmisión de participaciones sociales cuyo activo principal es un inmueble, o en el ámbito urbanístico cuando se declaran obras sin licencia o plusvalías por debajo del valor real de venta.

En estos procedimientos intervienen diversos profesionales cuya actuación puede verse afectada por el fraude: el notario tiene la obligación de controlar la legalidad de los actos que autoriza y de informar a la Administración tributaria de determinadas operaciones; el registrador de la propiedad califica los títulos y puede denegar la inscripción si detecta indicios de simulación; el abogado especializado asesora sobre las estructuras más eficientes dentro de la legalidad; el tasador valora los inmuebles con criterios objetivos que deben reflejar el valor de mercado, y el agente inmobiliario, aunque no es garante fiscal, debe abstenerse de participar en prácticas que induzcan a la ocultación de precios. Un error frecuente entre los particulares es creer que el fraude fiscal inmobiliario solo se persigue cuando las cantidades son muy elevadas, o que declarar un precio ligeramente inferior al real no tendrá consecuencias. La realidad es que las Administraciones tributarias, especialmente las autonómicas que gestionan el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones, cruzan datos con el Catastro, los notarios y los registradores para detectar discrepancias, y además cuentan con facultades de comprobación amplias.

Otra confusión habitual es equiparar el fraude con la elusión fiscal, cuando esta última consiste en aprovechar vacíos legales o alternativas previstas por el legislador, sin incumplir la norma, lo cual es lícito. Por eso, en cualquier operación inmobiliaria, la transparencia y el asesoramiento profesional previo son la mejor garantía para evitar incurrir en un fraude fiscal que, a la larga, suele resultar más costoso que el ahorro inmediato pretendido.