Conceptos generales

Peón

En el ámbito de la construcción, rehabilitación y mantenimiento de inmuebles, el término peón designa al trabajador que ejecuta labores manuales bajo la supervisión directa de un encargado o jefe de obra, sin que su función requiera una cualificación técnica específica ni titulación reglada. Aunque en apariencia se trata de una figura puramente operativa, su presencia y correcta clasificación tienen implicaciones jurídicas y económicas relevantes para propietarios, compradores, inversores y herederos que intervienen en operaciones inmobiliarias en España. Desde la perspectiva del derecho laboral y de la contratación en el sector de la edificación, el peón constituye el escalón básico de la mano de obra, pero su consideración afecta a aspectos tan diversos como la determinación de los costes de una obra, la responsabilidad del promotor o propietario frente a la Seguridad Social, y la validez de las certificaciones de obra en procesos de compraventa o financiación hipotecaria.

En la práctica, este término aparece con frecuencia en presupuestos de rehabilitación, contratos de ejecución de obra menor, licencias de obras municipales y, de forma más indirecta, en la documentación que exigen las entidades financieras para conceder préstamos hipotecarios destinados a reformas. También es relevante en el contexto de la herencia, cuando el caudal relicto incluye inmuebles en mal estado que requieren reparaciones, pues la contratación de peones puede formar parte de las gestiones que realiza el albacea o el administrador de la herencia antes de la partición. Los profesionales que intervienen en estas operaciones, como notarios, registradores, abogados, tasadores y agentes inmobiliarios, deben conocer el encaje del peón en la estructura de costes de una obra para asesorar correctamente a sus clientes.

Por ejemplo, el tasador valora la antigüedad y el estado de conservación del inmueble, y una parte significativa de la depreciación puede deberse a la necesidad de mano de obra no especializada; el notario, al autorizar escrituras de obra nueva o de declaración de obra en construcción, puede requerir la acreditación de los costes laborales si existen dudas sobre la realidad de la edificación; y el abogado especializado en derecho inmobiliario debe estar atento a la posible existencia de contratos laborales fraudulentos que encubran relaciones de arrendamiento de servicios o que generen responsabilidades solidarias para el promotor. Un error frecuente entre particulares es confundir al peón con el oficial de primera o segunda, lo que puede llevar a presupuestos inflados o a reclamaciones indebidas en caso de defectos constructivos. Además, en el ámbito de la protección del consumidor, algunos compradores de viviendas en construcción creen erróneamente que la presencia de peones en la obra garantiza un precio más bajo, cuando en realidad una plantilla excesiva de personal no cualificado puede ralentizar los trabajos y aumentar los costes indirectos.

Por todo ello, entender qué es un peón y cómo se integra en el proceso edificatorio ayuda a propietarios e inversores a planificar mejor sus proyectos, a negociar contratos de obra con mayor conocimiento de causa y a evitar conflictos laborales o fiscales que puedan retrasar la transmisión o la financiación del inmueble.

Descripción técnica

En el contexto de la edificación, el término peón define al trabajador no cualificado que realiza tareas auxiliares y manuales en una obra, ya sea de obra nueva, rehabilitación o mantenimiento de inmuebles. Su función es esencialmente ejecutiva y subordinada, desarrollándose bajo la supervisión de un encargado, jefe de obra o capataz, y no requiere, por definición, una titulación reglada ni una formación técnica específica acreditada. Sin embargo, desde la perspectiva jurídica y técnica que interesa a una asesoría patrimonial como Promurcia, el peón no es un mero ejecutor, sino una figura que debe ser correctamente encuadrada en el marco de la contratación, la prevención de riesgos laborales y la responsabilidad civil derivada de la actividad constructora. El mecanismo jurídico que regula la relación del peón con el promotor o contratista principal se fundamenta en el contrato de trabajo, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En el ámbito de la construcción, la contratación de peones debe ajustarse al Convenio General del Sector de la Construcción, que establece categorías profesionales, salarios mínimos y condiciones específicas. Es crucial que el propietario o inversor que contrate directamente a un peón para obras menores en su vivienda o local, sin mediación de una empresa constructora, verifique que el trabajador está dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social y que se cumplen las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. La omisión de estos requisitos puede generar responsabilidad solidaria del dueño de la obra en caso de accidente, incluso si se trata de una obra menor que no exige proyecto técnico. En cuanto a la tipología, cabe distinguir entre el peón de obra general, que realiza tareas de carga, descarga, limpieza, apertura de zanjas o mezcla de morteros, y el peón especializado, que, sin poseer titulación formal, ha adquirido experiencia en oficios concretos como la albañilería básica, el encofrado o la colocación de armaduras.

Esta distinción tiene relevancia a efectos de la valoración de la mano de obra en un presupuesto de rehabilitación o construcción, y puede influir en la calificación fiscal de los gastos deducibles en el IRPF cuando se trata de obras de mejora en la vivienda habitual, siempre que se cumplan los requisitos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su artículo 68, y su normativa de desarrollo. No obstante, para que el coste del peón sea fiscalmente deducible, es imprescindible que la obra esté amparada por la correspondiente licencia municipal y que los pagos se realicen mediante medios de pago bancarios, evitando el efectivo. Desde el punto de vista procedimental, la contratación de un peón para una obra sujeta a licencia urbanística no requiere un trámite administrativo específico más allá de la comunicación de la apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

El promotor o contratista principal debe elaborar un plan de seguridad y salud, que incluirá la evaluación de riesgos para todos los trabajadores, incluidos los peones. La documentación exigible incluye el contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social, la formación básica en prevención de riesgos laborales (mínimo de ocho horas para peones, según el convenio colectivo), y el libro de subcontratación, en su caso. Los plazos legales para la comunicación de la apertura son de treinta días antes del inicio de los trabajos, aunque en obras menores de duración inferior a treinta días el plazo se reduce. Las implicaciones fiscales directas para el propietario que contrata a un peón son limitadas, pero relevantes. El pago por mano de obra no cualificada no está sujeto a IVA si se realiza a un trabajador por cuenta ajena, pero sí a retención e ingreso a cuenta del IRPF si el peón es un profesional autónomo dado de alta en el IAE.

En este último caso, la factura del peón autónomo debe incluir el IVA al tipo general del 21%, y el propietario puede deducirse dicho IVA si es empresario o profesional en el ejercicio de su actividad. Para un particular, el IVA soportado no es deducible. Además, si la obra se realiza en un inmueble que se va a transmitir, el coste de la mano de obra puede incrementar el valor de adquisición a efectos del cálculo de la plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, regulado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículos 104 a 110), pues las mejoras realizadas en los dos últimos años antes de la transmisión se suman al valor inicial del terreno. En cuanto a los efectos frente a terceros, la figura del peón no genera inscripción registral ni anotación en el Catastro Inmobiliario, pues no afecta a la titularidad ni a la descripción física del inmueble.

Sin embargo, si la obra ejecutada por el peón modifica la superficie construida o la configuración del inmueble, será necesario reflejar dicha modificación en el Catastro mediante la correspondiente declaración catastral, conforme al Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, artículos 13 y 14. Esta declaración es obligatoria en el plazo de dos meses desde la finalización de la obra, y su omisión puede dar lugar a sanciones tributarias. El Registro de la Propiedad, por su parte, solo reflejará la obra nueva si se inscribe mediante escritura pública, proceso que requiere la intervención de un técnico competente y la correspondiente licencia municipal, pero la mano de obra del peón no tiene relevancia directa en ese trámite. Finalmente, es importante señalar que la responsabilidad civil derivada de los daños causados por un peón durante la ejecución de la obra se rige por el artículo 1903 del Código Civil, que atribuye responsabilidad al dueño de la obra o al contratista por los actos de sus dependientes en el ejercicio de sus funciones.

Esta responsabilidad es objetiva y no requiere prueba de culpa, por lo que el propietario que contrate a un peón debe asegurarse de que este cuenta con un seguro de responsabilidad civil o, en su defecto, contratar una póliza específica para la obra. La cobertura de dicha póliza debe incluir daños a terceros, tanto materiales como personales, y cubrir el período de ejecución de los trabajos. En definitiva, el peón es una figura laboral y técnica que, pese a su aparente simplicidad, exige un cumplimiento riguroso de las obligaciones normativas para evitar contingencias legales y fiscales que puedan afectar al patrimonio del propietario o inversor.

Marco legal

El término peón, en su acepción más común dentro del ámbito inmobiliario y de la construcción, se refiere al trabajador no cualificado que realiza labores auxiliares en una obra. Su marco legal se encuentra principalmente en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, cuyo artículo 11 regula el contrato de trabajo para la formación y el aprendizaje, figura contractual frecuente para estos trabajadores. Asimismo, el artículo 15 del mismo texto legal establece las modalidades de contratación temporal por obra o servicio determinado, habitual en el sector. La Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, resulta esencial, pues en su artículo 4 exige que todas las empresas contratistas y subcontratistas cuenten con recursos humanos adecuados y acrediten formación en prevención de riesgos laborales, afectando directamente al peón.

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, es de aplicación obligatoria para estos trabajadores, imponiendo al empresario la obligación de formar e informar al peón sobre los riesgos específicos de su puesto. En cuanto a la normativa autonómica de la Región de Murcia, la Ley 8/2014, de 21 de noviembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Función Pública, no contiene particularidades específicas sobre la figura del peón, si bien la Orden de 21 de mayo de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente regula el registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción, que incluye a los peones como personal sujeto a verificación documental. No existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que defina de manera singular la figura del peón, pero sí sentencias como la STS de 15 de marzo de 2017 que abordan la responsabilidad del empresario principal por accidentes laborales sufridos por peones en obras subcontratadas, consolidando la doctrina de la culpa in vigilando.

Respecto a modificaciones normativas posteriores a 2018, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, introdujo cambios en los contratos temporales que afectan directamente a la contratación de peones, limitando la duración de los contratos por obra o servicio determinado, lo que ha incrementado el uso de contratos fijos-discontinuos en el sector de la construcción.

Ejemplos prácticos en Murcia

  • En una operación de compraventa en La Manga del Mar Menor, el comprador de un ático con vistas necesitaba financiación hipotecaria. La tasación del banco arrojó un valor de 280.000 euros, pero el precio pactado era de 310.000. El comprador, como particular, tuvo que aportar 30.000 euros en efectivo para cubrir el peón, esa diferencia entre el valor de tasación y el precio real, más los gastos e impuestos. Finalmente, la entidad concedió el 80% sobre el valor de tasación, no sobre el precio de compra, y el comprador desembolsó 62.000 euros de su bolsillo para completar la operación.
  • Una empresa promotora en Torre-Pacheco adquirió una parcela de 2.000 metros cuadrados para construir 20 viviendas unifamiliares. El suelo se pagó a 150 euros por metro cuadrado, totalizando 300.000 euros. El ayuntamiento exigió una cesión del 10% del aprovechamiento urbanístico, valorado en 30.000 euros, que la empresa consideró un peón en su planificación financiera. Además, los costes de urbanización ascendieron a 80.000 euros, otro peón que redujo el margen de beneficio previsto del 20% al 15% final, obligando a renegociar precios con subcontratistas.
  • En una herencia en Molina de Segura, tres hermanos recibieron un piso valorado en 180.000 euros y una plaza de garaje de 20.000. Para liquidar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que ascendió a 18.000 euros, uno de ellos, con menos liquidez, pidió un préstamo personal. Ese dinero fue el peón necesario para evitar la venta forzosa del inmueble. Además, tuvieron que pagar 3.000 euros al notario y al registro, otro peón que cubrieron con ahorros familiares. Finalmente, acordaron vender el garaje para recuperar parte del desembolso.

Términos relacionados

← Volver al glosario