Conceptos generales

Recurso de súplica

¿Ha recibido usted una notificación judicial que le deniega una petición relacionada con su vivienda y se pregunta si existe alguna vía para que un tribunal revise esa decisión sin tener que iniciar un procedimiento largo y costoso? Esta es una duda mucho más habitual de lo que parece entre propietarios, compradores o herederos que se ven inmersos en un litigio sobre una finca, una hipoteca o una partición de herencia, y que descubren que no toda resolución adversa es definitiva. El recurso de súplica es precisamente la herramienta procesal que permite solicitar al mismo órgano judicial que ha dictado una resolución interlocutoria que reconsidere su postura, un mecanismo que, aunque técnico, tiene consecuencias prácticas muy relevantes para quien negocia, compra o transmite un inmueble bajo la sombra de un procedimiento pendiente.

Este recurso aparece con frecuencia en el ámbito inmobiliario cuando, por ejemplo, un juzgado inadmite una prueba pericial que resulta esencial para acreditar el valor real de una finca, cuando rechaza la acumulación de una demanda de desahucio con una reclamación de rentas, o cuando deniega una medida cautelar solicitada para impedir que se inscriba una anotación preventiva de embargo sobre una propiedad. También surge en la práctica urbanística cuando se impugnan resoluciones que deniegan la suspensión de un acto administrativo que afecta a la edificabilidad de un terreno, o en los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando se discute la titularidad del bien embargado. En todos estos escenarios, el recurso de súplica se convierte en la primera línea de defensa del particular, antes de que el asunto escale a una instancia superior, y su correcta interposición puede evitar costes innecesarios y dilaciones que perjudican seriamente la operación inmobiliaria subyacente.

El profesional que habitualmente interviene en estos trámites es el abogado, pues aunque el recurso tiene un plazo muy breve, generalmente cinco días hábiles desde la notificación, y no exige vista ni traslado a la parte contraria, su fundamentación requiere un conocimiento preciso de los motivos de impugnación admisibles, que se limitan a infracciones de normas procesales o a la falta de acreditación de los hechos que sustentaron la resolución recurrida. Un error muy frecuente entre los particulares que actúan sin representación letrada es confundir este recurso con el de reposición o con la apelación, y presentar alegaciones sobre el fondo del asunto cuando lo único que procede es discutir la legalidad del trámite procesal, lo que conduce casi siempre a su desestimación automática. Además, conviene tener presente que la interposición de la súplica no suspende la tramitación del procedimiento principal, salvo que se solicite expresamente la suspensión y el tribunal la acuerde, un matiz que puede resultar determinante en operaciones de compraventa sujetas a plazos perentorios o en herencias donde la partición depende de la resolución de un incidente judicial.

En definitiva, comprender qué es y cómo funciona este recurso permite al propietario o inversor valorar con mayor realismo sus posibilidades procesales y negociar mejor su posición ante una eventualidad judicial.

Descripción técnica

El recurso de súplica es un medio de impugnación de carácter ordinario y no devolutivo previsto en el ordenamiento procesal español, cuya función esencial es permitir que el propio órgano judicial que dictó una resolución reconsidere y, en su caso, modifique o deje sin efecto esa decisión cuando se trata de providencias o autos no definitivos. Su naturaleza jurídica se distingue claramente de otros recursos como el de apelación o el de casación, pues no traslada el conocimiento del asunto a un tribunal superior, sino que agota su eficacia ante el mismo juez o tribunal que emitió el pronunciamiento impugnado. Esta característica lo convierte en una herramienta ágil y económica para corregir errores materiales, omisiones o interpretaciones jurídicas discutibles sin necesidad de activar la maquinaria procesal de las instancias superiores, lo que resulta especialmente relevante en el ámbito inmobiliario donde las incidencias procesales sobre embargos, ejecuciones hipotecarias, tercerías de dominio o medidas cautelares son frecuentes y requieren respuestas rápidas.

El fundamento normativo del recurso de súplica se encuentra en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000, de 7 de enero, cuyo artículo 451 establece que contra las providencias y autos no definitivos dictados por los tribunales civiles cabrá recurso de reposición ante el mismo tribunal que los hubiera dictado, salvo que la propia ley disponga otra cosa. Aunque la denominación técnica en la jurisdicción civil es la de recurso de reposición, en la jurisdicción contencioso-administrativa y en la social recibe el nombre específico de recurso de súplica, regulado respectivamente en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su artículo 79, y en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, en su artículo 186. Esta distinción terminológica no altera la esencia del mecanismo, que permanece idéntica en sus elementos nucleares: interposición ante el mismo órgano, plazo breve, resolución por auto motivado y ausencia de efectos suspensivos automáticos sobre el procedimiento principal. El procedimiento para su interposición se ajusta a un esquema temporal riguroso que el profesional inmobiliario debe manejar con precisión.

El plazo para formalizar el recurso es de cinco días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución impugnada, según establece el artículo 451.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El escrito de interposición debe contener la identificación de la resolución recurrida, los motivos concretos de impugnación y la petición de revocación o modificación, sin que sea preceptiva la intervención de procurador y abogado cuando el recurso se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución, aunque en la práctica procesal inmobiliaria resulta aconsejable contar con asistencia letrada dada la complejidad técnica de los argumentos que suelen esgrimirse. Presentado el escrito, se da traslado a las demás partes personadas por un plazo común de cinco días para que puedan impugnar o adherirse, y transcurrido dicho término el tribunal resuelve mediante auto motivado, sin que quepa recurso alguno contra esta resolución, salvo que el auto resuelva cuestiones que afecten a la admisión del recurso de apelación, supuesto en el que sí procede el recurso de queja. En el ámbito inmobiliario, el recurso de súplica adquiere una relevancia práctica notable en múltiples escenarios.

Cuando un juzgado acuerda el embargo preventivo de una vivienda en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria, la parte ejecutada puede interponer este recurso para alegar la existencia de defectos procesales en el auto de despacho de ejecución, la incorrecta determinación del tipo de subasta o la vulneración de las cláusulas de vencimiento anticipado conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Igualmente, en los procedimientos de desahucio por falta de pago regulados en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, el recurso de súplica permite atacar la resolución que inadmite la contestación del arrendatario o que desestima la solicitud de suspensión del lanzamiento por situación de vulnerabilidad económica, cuestión esta última que ha cobrado especial trascendencia tras la aprobación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, y sus sucesivas prórrogas. También resulta de utilidad en los incidentes de tercería de dominio, donde el tercer propietario que ve embargado un inmueble que no le pertenece puede impugnar mediante este cauce la resolución que rechaza su intervención en el procedimiento.

Desde la perspectiva fiscal, conviene precisar que la interposición del recurso de súplica no genera por sí misma ninguna obligación tributaria específica. No obstante, el resultado de la resolución puede tener implicaciones indirectas relevantes. Si el recurso prospera y se revoca una resolución que ordenaba la venta forzosa de un inmueble, se evita la transmisión y, por tanto, no se devenga el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como plusvalía municipal, regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Tampoco se produce el hecho imponible del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en su modalidad de transmisiones onerosas, regulado en el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, ni se genera ganancia o pérdida patrimonial a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas conforme al artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre.

Por el contrario, si el recurso se desestima y la ejecución continúa, el posterior adjudicatario del inmueble deberá satisfacer el impuesto correspondiente a la adquisición y el Registro de la Propiedad practicará la inscripción a su favor una vez acreditado el pago de los tributos, conforme al artículo 254 de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946. El recurso de súplica no suspende la ejecución de la resolución recurrida, salvo que la ley disponga expresamente lo contrario o que el tribunal, de manera excepcional y motivada, acuerde la suspensión para evitar perjuicios de imposible reparación. Esta ausencia de efecto suspensivo general implica que, en la práctica, su interposición no paraliza los plazos procesales ni las actuaciones materiales sobre el inmueble, por lo que el profesional debe valorar con criterio estratégico si conviene acompañarlo de la solicitud de medida cautelar correspondiente. Frente a terceros, la resolución que se dicte al resolver el recurso no produce efectos registrales directos, pues no altera por sí misma la titularidad dominical ni las cargas inscritas; únicamente incide en el curso del procedimiento del que trae causa la resolución impugnada.

Por ello, el Registro de la Propiedad solo verá afectada su actividad si el auto que resuelve el recurso determina la cancelación de un asiento practicado en virtud de una resolución judicial firme, supuesto en el que será necesario que el mandamiento correspondiente se expida con las formalidades del artículo 258 de la Ley Hipotecaria.

Marco legal

El recurso de súplica, en el ámbito inmobiliario y urbanístico, se configura como un medio de impugnación ordinario contra resoluciones interlocutorias dictadas por los órganos judiciales, y su régimen jurídico no se encuentra en el Código Civil ni en la legislación sustantiva, sino en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La norma principal que lo regula es la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, cuyo artículo 451 establece que contra los autos no definitivos y los decretos que no pongan fin al procedimiento cabrá recurso de reposición, mientras que el artículo 452 regula el recurso de súplica contra las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. En concreto, el artículo 454 bis de la misma ley detalla el procedimiento, plazos y efectos de este recurso, que se interpone ante el propio órgano que dictó la resolución.

En materia de ejecución hipotecaria, resulta de especial aplicación el artículo 561 de la LEC, pues las resoluciones que deciden la oposición a la ejecución son recurribles en súplica, criterio que ha sido matizado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo en sentencias como la STS 123/2019, de 28 de febrero, que delimita el ámbito de cognición del recurso. La jurisprudencia constitucional, por su parte, ha declarado en STC 66/2020 que la inadmisión de un recurso de súplica no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando la resolución impugnada es susceptible de recurso posterior. En cuanto a la normativa autonómica de la Región de Murcia, la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística, no introduce particularidades procesales sobre este recurso, que se rige exclusivamente por la legislación estatal, aunque sí prevé en su artículo 218 la posibilidad de recurrir en súplica los actos de trámite en procedimientos de disciplina urbanística, remitiéndose a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Tras la reforma operada por la Ley 42/2015, de 5 de octubre, se suprimió el recurso de súplica en vía administrativa, quedando restringido al ámbito judicial, modificación que afecta a la interpretación de los plazos en los procedimientos urbanísticos murcianos.

Ejemplos prácticos en Murcia

  • Un matrimonio de Molina de Segura recibe una notificación del Ayuntamiento denegando la licencia de obra mayor para reformar su vivienda unifamiliar, por una alegada infracción de la normativa urbanística. La reforma, presupuestada en 48.000 euros, queda paralizada. Su abogado les informa de que, antes de acudir al contencioso-administrativo, pueden presentar un recurso de súplica ante el mismo órgano municipal que dictó la resolución, solicitando su revisión. Presentan el escrito en el registro municipal, con argumentos técnicos y jurídicos, y en un plazo de dos meses obtienen una resolución estimatoria, lo que les permite iniciar las obras sin costes judiciales adicionales.
  • Una empresa constructora de Cartagena ha sido sancionada por la Gerencia de Urbanismo con una multa de 12.500 euros por ejecutar una edificación sin ajustarse a la licencia concedida. Considerando la sanción desproporcionada y errónea, ya que la desviación era de escasa entidad, la empresa decide presentar un recurso de súplica contra la resolución sancionadora. En el escrito, documentan la inexistencia de perjuicio urbanístico y aportan un informe pericial. El recurso es estimado parcialmente, reduciendo la sanción a 3.000 euros, lo que evita un procedimiento judicial largo y costoso para la compañía.
  • Una heredera de un piso en La Manga del Mar Menor recibe una liquidación del Impuesto de Sucesiones por parte de la Comunidad Autónoma que considera incorrecta, al aplicar un valor catastral desactualizado y no considerar una reducción aplicable. El importe reclamado es de 9.800 euros, que debe pagar en tres meses. Su asesor fiscal le recomienda interponer un recurso de súplica ante el mismo órgano gestor, aportando la tasación pericial del inmueble y la normativa autonómica vigente. El recurso es admitido y la base imponible se recalcula, reduciendo la deuda a 5.400 euros, evitando así la vía económico-administrativa.

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